domingo, 4 de noviembre de 2012

¿Existe Alguna Razón Para Esperar A Godot?... Por Marcel Claude

En la célebre obra de teatro de Samuel Becket dos vagabundos se reúnen en un sitio improbable a esperar a Godot, un tipo que prometió venir sin que se sepa precisamente a qué. De algún modo Godot representa una esperanza de cambio para las vidas de estos miserables, pero Godot nunca llega. Hasta ahora, chilenos y chilenas nos parecemos a los personajes de Becket. Sin embargo la Historia nos muestra que la esperanza se construye, que a la resignación hay que vencerla, que nada cae del cielo, que nunca “llovió café en el campo”. De ahí que me decida a proponer algunas reflexiones relativas al Chile con el que soñamos millones de compatriotas.

Para identificar ese país basta con escuchar a su juventud, a sus trabajadores, a sus académicos, a sus artistas, a quienes con su esforzada labor crean la riqueza común que hasta ahora acaparan unos pocos. Si alguien desea aportar alguna pincelada, o completar el cuadro, que coja pinceles y colores: para diseñar juntos el Chile que queremos. Y para luchar por hacerlo realidad, sin sentarnos a esperar que llegue Godot.

1. Educación Pública Universal.

El bienestar de los pueblos requiere de un significativo desarrollo cultural y económico que sólo puede alcanzarse invirtiendo generosamente en la formación de las nuevas generaciones, y en el perfeccionamiento de los trabajadores que hoy producen la riqueza que sostienen nuestra economía. Ciudadanos ilustrados, creativos y versados, integralmente, son la única base posible de un incremento cualitativo y cuantitativo de los estándares de vida.

La educación es un derecho. El país debe avanzar hacia un sistema público de educación financiado por el conjunto de la sociedad. Los recursos financieros para realizar este objetivo deben provenir de los presupuestos del Estado. Esos recursos pueden obtenerse de dos fuentes principales: los ingresos provenientes de las riquezas básicas renacionalizadas, y de un sistema tributario justo y progresivo, es decir, sustentado en una carga impositiva proporcional a la parte que cada cual obtiene de la riqueza nacional.
Esto implica poner al alcance de toda la niñez y de toda la juventud, sin ningún tipo de discriminación, una educación pública, laica, gratuita y de calidad, de la enseñanza primaria a la enseñanza superior. Quienes opten por la educación privada deben tener plena libertad para hacerlo, asumiendo integralmente sus costes.

La eminente misión del Estado consiste en proveer financiamiento, estructuras, administración y control para la Educación pública.

2. Salud Pública Universal.

La Salud, como la Educación, constituye un derecho y no un mercado entregado a la voracidad del interés privado. En Chile el negocio de la salud ha alcanzado proporciones escandalosas. Las Isapres -administradoras privadas de seguros de salud- son el tercer sector más lucrativo del país. Hoy el derecho a la salud se encuentra severamente conculcado, y forma parte de la amplia gama de insoportables discriminaciones que sufre la ciudadanía. Nuestro propósito consiste en construir un servicio de salud pública eficiente que haga del derecho a la salud una realidad concreta para chilenos y chilenas.

Quienes opten por la salud privada deben tener pleno derecho de hacerlo, asumiendo integralmente sus costes.

La eminente misión del Estado consiste en proveer financiamiento, estructuras, administración y control para la Salud pública.

3. Previsión y Seguridad Social.

En Chile, la administración privada de los fondos de pensión, obligatoria y sin derecho a representación en los directorios de las administradoras, ha generado un foco de enriquecimiento incontrolado para grandes grupos económicos. Sobre la base de un sistema que le deja al Estado la carga de las pensiones de los sectores más modestos.

En el sistema privado impuesto en dictadura las pensiones son un tercio de las que sirve el sector público, con rentabilidades absurdamente bajas y con pérdidas irrecuperables para los trabajadores. Las pérdidas aleatorias del sistema, que invierte los fondos en la ruleta de los mercados bursátiles internacionales, son soportadas integralmente por los trabajadores. Lo único seguro son los excesivos e injustificables beneficios de las AFPs.

Por consiguiente es urgente reconstruir un sistema solidario que incorpore un aporte empresarial y democratice la administración de los fondos con participación tripartita: trabajadores, patrones y Estado.
En un proyecto político democrático, los fondos de pensión deben estar supervisados por mecanismos que permitan un eficaz ejercicio de la soberanía popular en resguardo del interés general.

Quienes opten por la previsión privada deben tener pleno derecho a hacerlo, asumiendo integralmente sus costes.

La eminente misión del Estado consiste en estructurar la Previsión y la Seguridad Social para el conjunto de la ciudadanía, proveyendo una alternativa a la opción mercantil.

4. Nacionalización del Cobre y de todos los recursos naturales.

Chile debe hacer un uso racional y sostenible de sus recursos naturales y proteger su naturaleza y su medio ambiente. La nacionalización del cobre en 1971 fue todo un Chile. De 1971 al 2007 los excedentes para el Estado fueron de 62 mil millones de dólares. Esto equivale a más del doble de los ingresos que el Estado obtuvo de los impuestos que en el mismo período de 36 años pagaron todas las empresas privadas. Los excedentes del cobre nacionalizado, en el período 2005-2010, llegaron a 38 mil millones de dólares. Esos enormes recursos le pertenecen a toda la nación chilena.

En consecuencia, tenemos que recuperar para el pueblo de Chile la plena propiedad del cobre y de todas las riquezas naturales que alberga nuestro territorio, poniéndole fin al saqueo que ha operado hasta ahora el gran capital nacional y extranjero.

Los recursos naturales y el medio ambiente son un capital productivo y un patrimonio irreemplazable. Esto obliga al desarrollo de políticas de uso inteligente, responsable y racional de esta riqueza. La participación privada debe estar sujeta al respeto irrestricto del interés nacional, y a la conservación de la riqueza y la diversidad de nuestro ecosistema.

El Estado debe promover un sistema de planificación ecológica cuya principal función debe centrarse en un desarrollo productivo que preserve la Naturaleza y proteja a los seres humanos que viven de ella.

5. Término del Plan Laboral.

La relaciones laborales no pueden continuar operando sobre las bases institucionales heredadas de la dictadura. Las causas del deterioro de las remuneraciones y del crecimiento de la pobreza y la desigualdad dicen relación con la debilidad del movimiento sindical y el escaso poder de negociación de los trabajadores.
Es necesario derogar el Código del Trabajo que impuso un modelo económico que protege sólo a los patrones, y sustituirlo por uno que tenga como norte la protección de los trabajadores y sus derechos. Es preciso facilitar y estimular la sindicalización de todos los trabajadores asalariados, fortalecer y fomentar las negociaciones colectivas, establecer los derechos laborales que sustentaron el crecimiento y la estabilidad económica de los países desarrollados.

6. Nuevo trato a la inversión extranjera.

La inversión extranjera representa más del 65% del Producto Interno Bruto y está presente en todos los ámbitos de la economía chilena. Gracias a privilegios, garantías y exenciones tributarias lesivas para el interés nacional, instituidos en el DL 600 y en los desiguales acuerdos de libre comercio.

Para reconstruir nuestra Soberanía económica es preciso ponerle fin a esos privilegios, garantías excesivas y exenciones injustas que dañan y desincentivan la inversión y el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas nacionales.

La participación de la inversión extranjera en la explotación de recursos naturales estratégicos debe estar sometida al interés nacional, y por regla general debe ser de carácter minoritario. El mismo criterio debe prevalecer en lo que se refiere a los servicios básicos de agua potable, tratamiento de aguas servidas, transporte público urbano, energía (electricidad, gas, energías renovables) y seguridad social. Los aportes de capital extranjero deben generar flujos financieros reales, traducirse en el incremento de la capacidad productiva y la creación de empleo, y contribuir efectivamente al desarrollo del país. No a su empobrecimiento y devastación.

7. Regulación de la banca y creación de un polo financiero público.

La gigantesca crisis planetaria que se desató en el segundo semestre de 2007 y que aún perdura, tuvo su origen en la desregulación de un sistema financiero irresponsable.

El sistema financiero liberado de todo control se vuelve más usurero mientras mayores son las necesidades de crédito. La necesidad de crédito aumenta exponencialmente con la compresión salarial y la reducción de los recursos del Estado. De ahí que sea necesario recuperar nuestra Soberanía monetaria y crediticia, junto a una eficaz y estricta regulación del sistema financiero.

Estas medidas, anunciadas pero nunca puestas en práctica en los EEUU, en Europa y en el ámbito internacional, deben ser implementadas en nuestra economía. La moneda no le pertenece a los bancos sino a la Nación toda. El Banco Central debe ser puesto bajo control del Ejecutivo y el Congreso Nacional. Un polo financiero público debe facilitar el financiamiento de los sectores productivos medianos y pequeños, en la industria, la agricultura, la minería, la pesca y otras ramas de la producción local.

El Banco Central debe limitar las tasas interés y las comisiones para los créditos al consumo instituyendo el delito de “interés usurero” como sucede por ejemplo en Europa.

El polo financiero público debe facilitar el acceso a los servicios bancarios, democratizando el crédito. La política bancaria de un nuevo proyecto político para Chile debe estar basado en la reducción de la concentración y monopolización del crédito y del financiamiento productivo. Hay que ponerle fin a los flujos financieros que le generan lucro a los especuladores con el esfuerzo de todos los chilenos.

8. Refundación del Estado.

Es necesario refundar el Estado como representante del interés general, y en tanto agente e instrumento que promueva el desarrollo endógeno y una justa distribución de la riqueza producida con el esfuerzo de todos. Esto requiere una profunda reforma tributaria basada en un principio de justicia: quién gana más paga más, quien gana menos paga menos. La tasa de imposición del capital no debe ser jamás inferior a la tasa de impuestos que pagan los salarios. La legislación puede y debe suprimir los mecanismos legales de evasión y de elusión tributaria.

Las grandes empresas deben contribuir en proporción a sus beneficios. Los esfuerzos de exención o de moderación tributaria deben estar concentrados en la pequeña y la mediana empresa, y en la investigación y el desarrollo tecnológico.

El Estado debe recuperar todas las competencias que le permiten participar activamente en la economía y las finanzas, en el desarrollo de la inversión productiva, y en la promoción de la actividad industrial, agrícola, pesquera, turística y otras en las Regiones más desfavorecidas.

9. Legislación antimonopolio y promoción de la democracia económica.

Una de las características de la estructura económica chilena es su tendencia al monopolio y la concentración de la producción. Junto con limitar esta tendencia penalizando las conductas monopólicas, oligopólicas y los acuerdos de cartel, hay que promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y el crecimiento endógeno: Chile no puede ser sólo un productor de materia primas y un importador de bienes de consumo manufacturados.

La protección y la promoción de la producción nacional y regional debe formar parte de las políticas públicas en el ámbito industrial y comercial.

10. Nueva Constitución y sistema electoral democrático. 

La institucionalidad heredada de la dictadura y protegida y consolidada hasta ahora por la Concertación y la Alianza, ha entrado en una fase de crisis terminal. Las Instituciones, Ejecutivo, Parlamento, Justicia, etc., han perdido la confianza de la ciudadanía. No sólo porque no resuelven ninguna de las cuestiones que aquejan a
17 millones de ciudadanos, sino también porque funcionan en beneficio exclusivo de un puñado de privilegiados.

Los derechos políticos de chilenos y chilenas fueron secuestrados el 11 de septiembre de 1973, y nunca les fueron restituidos. Se hace imperioso e imprescindible dotar al país de una Constitución democrática, producto de la participación amplia y masiva del conjunto de la ciudadanía. El único modo de lograrlo es la convocación de una Asamblea Constituyente elegida por medio del sufragio universal, con la participación de todos los chilenos -sin límite ni exclusiones- como electores y eventuales aspirantes a ser constituyentes.

La Constitución a la que aspiramos debe restituirle al pueblo de Chile todos sus derechos, definir claramente sus deberes, y establecer las condiciones institucionales de una convivencia pacífica en la que todos y todas podamos encontrar la posibilidad de realizar nuestros sueños, así como nuestra felicidad y la de nuestras familias.

Por las razones expuestas, las primeras acciones de un nuevo mandatario deben ser:
a) Una consulta al pueblo de Chile para convocar la Asamblea Constituyente y,
b) La renacionalización del cobre y las riquezas básicas.

Fuente:
Revista POLITIKA, N° 28, pág. 2-4.
http://www.issuu.com/politika
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