sábado, 16 de marzo de 2013

10 Medidas De Un Gobierno Democrático - Marcel Claude Presidente

MARCEL CLAUDE PRESIDENTE 2014 – 2017

10 MEDIDAS DE GOBIERNO DEMOCRÁTICO

PRIMERO: Educación Pública Universal.

El país debe avanzar hacia un sistema público de educación financiado con el presupuesto del Estado, sobre la base de un sistema de recaudación tributaria progresivo, es decir, sustentado en que la carga tributaria se acentúa en quienes más ingreso tienen. Esto implica, poner término a la educación lucrativa y al financiamiento por la vía de los aranceles.

SEGUNDO: Salud Pública Universal.

La salud constituye un derecho y no un mecanismo de enriquecimiento. Hoy ese derecho se encuentra severamente conculcado. En Chile el negocio de la salud ha llegado a niveles escandalosos, siendo las Isapres –administradoras privadas de salud- el tercer sector más lucrativo del país.. Es necesario, entonces, poner fin a la administración privada de la salud y construir un servicio de salud pública eficaz y eficiente que asegure a todos dicho derecho.

TERCERO: Seguridad Social.

En Chile, la administración privada de los fondos de pensión ha llevado a crear un foco de enriquecimiento y de financiamiento de los grandes grupos económicos, sobre la base de un sistema que deja al Estado la carga del financiamiento mayoritario de las pensiones, de pensiones originadas en el sistema privado que son un tercio de las que ofrece el sistema público, con rentabilidades absurdamente bajas y con pérdidas irrecuperables para los trabajadores. Urge reinstalar un sistema solidario que obligue el aporte empresarial y democratice la administración de los fondos. Los fondos de pensión deben estar supervisados por mecanismos que permitan un eficaz ejercicio de la soberanía popular. El sistema de AFP debe terminar y ser reemplazado por un sistema público.

CUARTO: Nacionalización del cobre y de todos los recursos naturales.

La nacionalización del cobre fue todo un acierto para Chile. Los excedentes, desde 1971 hasta el 2007, para el Estado de Chile fueron de 62.000 millones de dólares. Esto equivale a más del doble de los ingresos que el Estado ha obtenido por los impuestos que en el mismo período han pagado todas las empresas privadas existentes y que han existido en dicho lapso de 36 años. Los excedentes en el período 2005-2010 llegaron a 38.000 millones de dólares. En consecuencia, la renacionalización del cobre, del agua, y la recuperación de todas las riquezas del país, hoy en manos extranjeras.

QUINTO: Término del Plan Laboral.

Las relaciones laborales no pueden continuar sobre las bases institucionales heredadas de la dictadura. Una de las causas del deterioro de las remuneraciones y del crecimiento de la pobreza y la desigualdad, dice relación con la debilidad del movimiento sindical y del escaso poder de los trabajadores. Es necesario reinstalar el derecho a huelga, fortalecer y fomentar las negociaciones colectivas, terminar con el fraccionamiento de la organización sindical.

SEXTO: Nuevo trato a la inversión extranjera.

Actualmente, la inversión extranjera supera el 65% del Producto Interno Bruto. Está presente en todos los ámbitos de la economía chilena. Esto gracias a una institucionalidad (DL 600 y acuerdos de libre comercio) que le da privilegios nunca antes obtenidos. Es necesario poner fin a la participación de la inversión extranjera en recursos naturales estratégicos, en los servicios básicos de agua, electricidad, gas y seguridad social. Una nueva institucionalidad debe sustituir al actual sistema e instalarse un sistema más restrictivo y controlado, para que los aportes de capital constituyan efectivamente al desarrollo del país y no a su empobrecimiento y devastación.

SEPTIMO: Regulación de la banca.

El sistema financiero constituye un mecanismo de acumulación y apropiación abusiva de ingresos, a partir del sistema crediticio, el que se vuelve más usurero mientras mayores son las necesidades de crédito. De allí que sea necesario una regulación mucho más estricta del sistema financiero y una normativa que les obligue a financiar a sectores productivos medianos y pequeños, así como a moderar los cobros de intereses y comisiones. Un banco del Estado jugando con reglas más solidarias constituiría un mecanismo de socialización y democratización del crédito.

OCTAVO: Refundación del Estado.

Es necesario avanzar hacia una refundación del Estado, en tanto agente e instrumento del desarrollo democrático y justo. Esto requiere una profunda reforma tributaria que reduzca el IVA, elimine el uso de los impuestos a las empresas como crédito y mecanismo de evasión, el aumento significativo (al 35%) del impuesto a las grandes empresas y sobre la base de su aplicación a las utilidades devengadas y no retiradas. Así también, se requiere un Estado que participe activamente en la economía, invirtiendo y creando empresas públicas estratégicas que contribuyan eficazmente al desarrollo del país.

NOVENO: Legislación antimonopolio y promoción de la democracia económica.

Una de las características de la estructura económica chilena es su tendencia a favorecer el monopolio y la concentración de la producción. Se requiere entonces crear una institucionalidad económica que penalice duramente las conductas monopólicas, oligopólicas y los acuerdos de cartel, al mismo tiempo que se promueva un creciente rol de las pequeñas y medianas empresas en el proceso productivo del país.

DECIMO: Nueva Constitución y sistema electoral democrático.

Es sabido el carácter no democrático de la Constitución Política del Estado de 1980. Una amplia convocatoria a una Asamblea Constituyente para la creación de una nueva Constitución y de un nuevo sistema electoral, dado que el actual sistema binominal permite a una minoría del 30% ocupar el 50% de los escaños, es indispensable para un proyecto democrático y emancipador. En el nuevo texto constitucional deberán consagrarse los nuevos derechos sociales, el respeto a las minorías, altos niveles de autonomía para los pueblos originarios, una relación estrecha con los pueblos hermanos de América Latina, unan fuerzas armadas no deliberantes y al servicio de Chile y su pueblo, que declare su vocación solidaria, una opción por la democracia participativa y fundada sobre la soberanía del pueblo.

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