viernes, 1 de marzo de 2013

Las Consecuencias Trágicas Del Absurdo Caso De Los "Erradicables": Villa Futuro

Un caso ejemplar en el Concepción metropolitano
La realidad de los damnificados corresponde a decenas de miles de personas en nuestra región, sólo en la provincia hablamos de casi 50 mil viviendas contabilizadas como damnificadas. Para las familias en mediaguas de Talcahuano las expectativas de solución son lejanas. En su mayoría, son familias que no tienen capacidad de ahorro. Y, además, deben resignarse a la reconstrucción en las peores condiciones, lanzados lejos de todo acceso al trabajo y a los servicios. En casos como el de El Morro, sin ningún tino, sucede que las familias son devueltas junto al mar, en los terrenos que ha abandonado una empresa pesquera.

Pero, fuera de los casos de estos damnificados, existe otro tipo de damnificado, el damnificado puro y exclusivo del régimen de apropiación capitalista del suelo.

Villa Futuro es un caso dramático y, a la vez, es un caso controvertido, aunque no el único en esta materia. En primer lugar, la población de más de 1320 familias fue calificada como inhabitable y, en consecuencia, como afecta a los programas de reconstrucción. Sin embargo, los edificios sociales jamás fueron inhabitables, excepto en un blok de 38 departamentos. ¿Cómo ha ocurrido este colosal “error” del Estado? Nunca lo han explicado, pero lo cierto es que la población fue adulada con la oferta de provechosos programas de reconstrucción que, según les dijeron, sería una ayuda pronta y “extra”. Soluciones favorables para que el Estado pueda llevar adelante sus verdaderas intenciones: la expropiación. Pero nada de eso fue cierto. Las penurias han ido una tras otra junto a la incertidumbre, por una parte tildados de “beneficiados” y, por otra, expropiados de sus bienes en las peores condiciones.

Nuestra apreciación como Red Construyamos es que tanto en Villa Futuro como en Camilo Olavarría, como en Centinela o como en Aurora de Chile, se han esgrimido las más vergonzosas y fraudulentas falacias para expulsar a los pobladores de sus suelos. ¿Por qué? No parece haber otra explicación que la extensión de proyectos inmobiliarios concebidos y arreglados en salones vip, entre empresarios, ejecutivos y políticos. Es posible que desde allí los proyectos salieran plasmados en planos secretos que solamente han esperado la ocasión más apropiada –cualquiera sea ésta, aunque sea de una catástrofe- que permita la mayor rentabilidad y el más bajo costo. Expulsar a los pobladores es un negocio cuando sus tierras han cambiado de valor o con algún atractivo especial para los negocios inmobiliarios.

Para ejecutar esta transacción todo vale. Los pobladores perjudicados son llevados a abandonar sus departamentos y engañados para admitir la demolición de ellos, todo con tal de facilitar la expropiación a mínimo costo. Estos operadores de oscuros intereses, no han tenido límite, ni siquiera cuando se ha tratado de arrastrar a los pobres a destruir con manos propias sus viviendas, imágenes vergonzantes y apocalípticas que quedarán gravadas para siempre en la mirada de miles de niños de Centinela, Villa Futuro, Camilo Olavarría. Es la eterna fórmula de políticos familiarizados con empresarios, gente sin escrúpulos y con una sola meta: aumentar su capital a través de la apropiación del suelo que pertenece a los pobladores. No hay escusa, se trata de mafia pura.

Villa Futuro ha pasado por una serie de aberraciones. Una vez llevados a campamentos de emergencia (sin ser necesario), las autoridades han intentado asegurar que los departamentos no sean ocupados, batiéndose contra los pobladores que se resisten a abandonar su hogar. Y han utilizado métodos de división para cercar a los rebeldes. La protesta social y la demanda pública de los pobladores, poco a poco fue forzando una respuesta menos mezquina, a pesar de la prudencia de los funcionarios por evitar “malos gastos”, se vieron obligados a elevar los ofrecimientos a sumas entre 9 y 12 millones de pesos por expropiado. Sin embargo, los departamentos tendrían un valor cercano a los 21 millones, estiman los dirigentes vecinales, porque todos debieron completar la construcción de su vivienda recibidas en obra gruesa. Aún así, la tentación del dinero “catch” ha atrapado a muchos y los ha llevado a firmar compromisos que permiten a los funcionarios del ministerio asegurar que la solución ya ha sido entregada. Muchos de estos “beneficiados” han ido “comiendo” (gastando) su cheque, a veces por alcanzar pequeños bienes que no tenían oportunidad de comprar, como un vehículo. De todas maneras, el monto no asegura que los expropiados puedan encontrar una vivienda por un valor similar, al menos en la ciudad.

Entre los mecanismos propuestos por los funcionarios del gobierno, se cuenta la idea de que los comités de vecinos busquen sitios para comprar y emplazar sus nuevas viviendas con una combinación de subsidios y dinero para adquirir la tierra. Un grupo de 130 familias firmó un acuerdo extrajudicial para compra de terrenos y construcción que se denominó “Proyecto los Lirios”. Pero fue el propio SERVIU el que quebró el acuerdo de compra, lo que significó que el proyecto “se cayera”, es decir, fracasara. SERVIU hoy se lava las manos, pues el problema de vivienda de estos “damnificados” sería ya una cuestión de “privados”.

Pero, entre tanta desgracia, el acoso a los pobladores no tiene fin. Ahora surge un nuevo giro del gobierno para las 400 mediaguas en que viven familias que han aceptado salir de los departamentos. Los dirigentes de la recién electa junta de vecinos acusaron que el gobierno, después de haber sacado a la gente de los departamentos, está entregando los mismos departamentos en comodato a las familias, aunque esta vez volverán a construcciones desmanteladas, sin agua y sin luz. Claro, las familias que están en el campamento, con cheque de expropiación, ya no son los dueños, porque lo es el propio gobierno.

Entonces, denuncian los dirigentes, si el gobierno utiliza el subsidio de arriendo, haría una curiosa transacción, devolviendo a la gente a los departamentos y pagándose a sí mismo el valor de arriendo, la suma de subsidios de arriendo por cada habitante de las 400 mediaguas, daría una suma de 44 millones al mes, que en un año representarían 528 millones de pesos y que proyectados a los tres años que duraría este fondo, alcanzarían a ser mil 548 millones de pesos que el gobierno pagaría… a sí mismo.

Concepción, enero de 2012

Una nota posterior al texto, a modo de epílogo (julio de 2012)

 Pasados cinco meses desde las anteriores notas al problema de los expropiados y al subsidio de arriendo, se suman los misterios entorno a la conducta del gobierno en el caso Villa Futuro. A lo largo de estos meses, los edificios han tendido a ser re-ocupados de dos maneras. Por una parte, personas de distintos sectores han tomado los departamentos desocupados, creando una serie de complejidades en el proceso de Villa Futuro; esto ha significado que los propios vecinos han preferido que estas ocupaciones las hagan parientes o personas de confianza, de manera de evitar la lumpenización del sector. Por otra parte, observan los dirigentes, el propio gobierno ha enviado a ocupar edificios a pobladores desconocidos o reconocidos delincuentes, lo que ha acrecentado la peligrosidad del barrio en los últimos meses. Estos últimos han recibido la autorización de funcionarios, sin exhibir los documentos que le darían este derecho y dejando lugar a mayores sospechas. La batalla entre los vecinos del sector y la guerra sucia y silenciosa que les declara el Estado, sigue en desarrollo.

E.A.C.

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