Tras la gran última catástrofe que asoló a nuestro país se desnudó la realidad de nuestras falencias y nos aterrizó de golpe en nuestra precariedad; la misma que nos enrostró que pese a nuestras pretendidas ansias de desarrollo, aún estamos más cerca de los países hermanos de la región, -a los que no pocas veces solemos mirar por sobre el hombro-, que de las naciones desarrolladas. Las acusaciones frente al manejo de la crisis estuvieron al orden del día: responsabilidad de la Presidenta; responsabilidad del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada); responsabilidad de la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias), etc. Sin embargo, cualquiera sean los grados de responsabilidad de los mencionados, que evidentemente comparten en niveles parciales, deberíamos -más bien- enjuiciar nuestras políticas relacionadas con todas aquellas instituciones, condiciones y recursos que podían habernos asegurado una marcha medianamente segura dentro del caos provocado por la naturaleza.
Surge entonces una serie de preguntas relacionadas con nuestra Seguridad Nacional, concepto manoseado, pero que es objeto de diversas interpretaciones al momento de definir los cimientos que le pueden dar vida. ¿En qué actores está radicada la Seguridad Nacional?; ¿Cuál es el rol y la capacidad del Estado para garantizar la Seguridad Nacional?; ¿Qué políticas de Estado están relacionadas con nuestra Seguridad Nacional y en qué situación nos han puesto frente a imprevistos como el vivido?
Las revoluciones suelen dejar una huella profunda y trascendental, y la que transformó el modelo económico de nuestro Estado, desde hace 35 años, afectó a distintos ámbitos de la vida de nuestra nación. En este punto, es preocupante la desvinculación a la que llegó el Estado chileno, y cuando no, el empequeñecimiento, en su campo de acción frente a tareas de suma importancia pública y estratégica.
Todo esto quedó al desnudo cuando caímos en que la ONEMI era un organismo pequeño y sin preparación óptima, pese al aumento presupuestario que su ex directora, Carmen Fernández, agradecía a la Presidenta Bachelet como quien agradece una limosna. Se hizo evidente además la inexistencia de una fuerza de trabajo estatal para contingencias (no necesariamente estable ni con gastos, para no asustar a los puristas del modelo; pues podría considerar solamente una coordinación rápida y sabida de la diversidad de empleados públicos de este país). Se hizo patente la dependencia de la acción de particulares para efectos de restablecer los servicios básicos de luz y agua, a los cuáles La Radio Bio Bío hacía llamados constantes durante las primeras 48 horas para presentarse a dispensar sus servicios (no públicos en el sentido altruista, claro está). Fue constante la demanda radial para que las autopistas concesionadas dejaran de considerar cobros para todo aquello que significara transporte de ayuda o socorro. ¿Existe un fondo destinado a imprevistos, que sea tan importante como aquel ahorro del 1% del superavit estructural, que al fin de cuentas no sabemos si nos beneficia a todos siempre? Finalmente, se hizo evidente, que pese a ser un Estado que posee Objetivos nacionales y Permanentes, no es capaz de obligar a todos los ciudadanos por igual a las urgentes y más caras tareas nacionales.
La experiencia vivida el año 1939, según es sabido, de peores consecuencias que las vividas en días recientes, significó otorgar al Estado la posibilidad de tener mayor autonomía en el ámbito económico, dentro de la que se consideró el control de producciones estratégicas para un desarrollo autónomo y que, incluso, los llamados militares desarrollistas de la época valoraban como relevante para la Seguridad Nacional. Sin embargo, en esta ocasión las situaciones fueron distintas, y por eso, sepa Ud. ciudadano, que no fue el único que en medio de toda esta tragedia que tuvo que partir con lo puesto.
Leonardo Oñate Quiroz
Profesor de Historia y Geografía
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