La impactante imagen del desplome del edificio “Alto Río” en Concepción y el lamentable fallecimiento de algunos de sus residentes, se ha transformado en una especie de icono de la magnitud del terremoto que golpeó la zona la madrugada del 27 de febrero de 2010. Al colapso de este edificio se suman otros tantos en la capital regional del Bio Bío, los cuales deben ser demolidos por encontrarse en malas condiciones y ser inhabitables.
Si bien la magnitud de estos hechos son sumamente graves, hay un tema de fondo y transversal y que dice relación con la calidad e inspección de las construcciones, pero sobre todo, con la autorización y los permisos que se dan a las empresas constructoras para levantar estas edificaciones. En ese sentido una legítima y válida pregunta que no sólo deben hacerse los vecinos perjudicados con la caída y demolición de sus departamentos y edificios, sino que toda la comunidad penquista y regional es: ¿cuáles son los criterios o variables que se utilizan para otorgar los permisos correspondientes?, ¿quiénes son los responsables de autorizar y fiscalizar la calidad de éstas construcciones?, ¿cuáles son las entidades regionales o locales garantes de aquello?, esta y otras interrogantes, no deben pasar a un segundo plano, todo lo contrario, deben estar más presentes que nunca tanto para aquellos vecinos perjudicados, otros que siguen viviendo en otros edificios y departamentos y quienes se atreven y pretenden invertir a futuro en una propiedad como estas.
El punto no es menor, por una parte está la responsabilidad de las propias constructoras e inmobiliarias en la edificación y promoción de los departamentos, algunos de ellos que llevaban breve tiempo de vida y los cuales deben ser derribados; mientras otros de similar “antigüedad” lograron perfectamente resistir la embestida telúrica; y por otro lado, dónde queda la responsable y rigurosa fiscalización a estas obras para ver si cumplen con los parámetros de exigencia que implica toda construcción que una vez terminada será habitada por personas.
Aquí se pretende responsabilizar y con justa razón a las constructoras, pero lo anterior no nos debe llevar a absolver y dejar pasar la responsabilidad “política” a quienes son los encargados de entregar los permisos y peor aun, supervisar la calidad de estas construcciones.
Cuando los servicios o reparticiones públicas comenten errores, no se duda un segundo en criticarlos y someterlos al escarnio público, pero cuando los privados comenten faltas, parece existir de parte de la autoridad cierto grado de permisividad y condescendencia con la crítica y la denuncia. Es por ello que si se pregona con tanta fuerza una nueva forma de gobernar, una cultura de hacer bien y honestamente las cosas en nuestro país, entonces comencemos por casa y demos pruebas concretas de aquello.
Por Danny Monsálvez Araneda
(Columna de opinión publicada en El Diario de Concepción, lunes 15 de marzo de 2010. p. 2. http://www.diariodeconcepcion.cl)
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