Roberto Pizarro. Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile).
La reciente aprobación medioambiental del proyecto HidroAysén ha generado protestas inéditas. La molestia no es sólo de los habitantes de la zona directamente afectada, sino que ha recorrido todo Chile. Junto a los cuestionamientos técnicos y sociales se destaca el fracaso de la institucionalidad medioambiental, que ha mostrado escasa independencia frente al poder empresarial y al aparato político gubernamental.
Aysén, maravilla del confín patagónico chileno, es región de vasta geografía y blancos glaciares. En una superficie de 110.000 kilómetros cuadrados, 100.000 habitantes conviven en armonía con bosques milenarios, caudalosos ríos y canales marítimos, que entregan fundamento a leyendas y mitos interminables.
La sabiduría de los políticos de antaño supo reconocer este bello y prístino territorio. Ello permitió que la región se constituyera en un activo ecológico de la Humanidad, con el 50% de su superficie destinada a áreas protegidas: cinco parques nacionales, doce reservas y dos monumentos naturales. Aysén es, en consecuencia, lugar de investigación científica, con vocación turística incuestionable y reserva estratégica de agua dulce para el planeta.
Sin embargo, el poder empresarial, con el apoyo del poder político, ha decidido desafiar esa geografía natural y su ecosistema, desestimando además el valor económico del turismo. Endesa (España) y Colbún (Grupo Matte) se propusieron impulsar la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, con el propósito de generar 2.750 MW, mediante la inundación de 5.910 hectáreas. El negocio de este proyecto faraónico agita el argumento del crecimiento, para instalar la urgencia energética en la conciencia colectiva.
Existen razones fundadas para la protesta ciudadana contra el proyecto HidroAysén. Adicionalmente, resulta sorprendente que ya aprobadas las cinco represas se inicie, por separado, la evaluación medioambiental de las líneas de trasmisión. Así las cosas, en la práctica no existe la opción de rechazo a este segundo proyecto habiéndose aprobado el primero.
La construcción de las cinco represas tiene costos sociales y ambientales insoslayables. La implantación de embalses artificiales modificará la composición química de las aguas, lo que condenará a muerte a sus comunidades biológicas y destruirá el ecosistema fluvial en los ríos Baker y Pascua. Al mismo tiempo, durante los diez años de construcción del proyecto se producirá un trastorno inédito en los asentamientos humanos de la región, en el paisaje, la vida natural y el turismo de la zona. La laguna de san Rafael, reserva ecológica, se verá directamente afectada en 19 hectáreas.
En segundo lugar, el negocio hidroeléctrico trasciende la región de Aysén. En efecto, la rentabilidad de las centrales sólo se hará efectiva al atender la demanda industrial, y muy especialmente la minería radicada en el norte del país. Con tal propósito se instalarán 3.800 torres de alta tensión a lo largo de 2.200 kilómetros, con una franja de 100 metros de servidumbre, desde Aysén hasta el centro del país (Melipilla), pasando por nueve regiones y 66 comunas. En suma, el proyecto interviene no sólo la geografía y el ecosistema de la zona más bella del país, sino introducirá una herida profunda a lo largo del territorio chileno.
En tercer lugar, la escasa independencia de los organismos evaluadores cuestiona la aprobación de HidroAysén. Por una parte, la revisión medioambiental, y su aprobación, correspondió a funcionarios dependientes del poder Ejecutivo, delegados en la zona de Aysén; vale decir, personas subordinadas a los ministros de distintas áreas del gobierno central. Incluso, el mismo día de la votación, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró públicamente que el proyecto debía aprobarse, entregando así una señal ineludible a los técnicos gubernamentales.
Por otra parte, las manifiestas presiones empresariales y de la autoridad política provocaron cambios de parecer en los organismos revisores del proyecto, pasando en varios casos del rechazo a la aprobación. Finalmente, se desestimaron miles de demandas de la sociedad civil, componente esencial del sistema de evaluación medioambiental.
En consecuencia, existen razones fundadas para la protesta ciudadana contra el proyecto HidroAysén. Adicionalmente, resulta sorprendente que ya aprobadas las cinco represas se inicie, por separado, la evaluación medioambiental de las líneas de trasmisión. Así las cosas, en la práctica no existe la opción de rechazo a este segundo proyecto habiéndose aprobado el primero.
La aprobación de HidroAysén ha ratificado, una vez más, la inexistencia de una estrategia de desarrollo en el país y adicionalmente pone al descubierto el desinterés por las energías alternativas renovables. No hay prioridades ni trayectorias diseñadas por la autoridad política. Así las cosas, el mundo de los negocios decide y presiona en torno a sus propios intereses el camino que debe seguir el país, mientras el aparato político desatiende los intereses nacionales, sociales y medioambientales. En estas condiciones, la institucionalidad medioambiental resulta inútil, habiendo perdido el carácter técnico que le dio origen.
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