LA CONTRALORÍA Y LA CORTE
Para el edil Jaime Veloso, el problema suscitado en su comuna es que, a pesar de cumplir con el horario de audiencias que se le asignó en tres días, el juez Eduardo Reveco igualmente debería desempeñar el resto de su horario en dependencias del juzgado –tal como lo establecen dictámenes de la Contraloría General de la República-, y no en otro lugar –alternativa que actualmente le autoriza la Corte de Apelaciones-.
“No es muy normal encontrar dictámenes tan distintos entre la Contraloría y la Corte, y a nosotros nos deja en una situación muy complicada, porque la ley dice que las municipalidades tienen que cumplir los dictámenes de la Contraloría, y tienen que respetar los fallos judiciales”, advirtió el jefe comunal.
Añadió que “ahora, la Contraloría dice que tiene que cumplir la jornada de trabajo, y hay distintos dictámenes que dicen que la jornada se cumple en el trabajo, no en otra parte. Definitivamente, si no cumplimos lo que dice la Contraloría dejamos un principio que indica la Ley de Bases de Administración General del Estado. Así que este no es un problema entre el juez de la comuna de Tucapel y el alcalde. De la terna que me entregó la Corte de Apelaciones yo elegí a Eduardo Reveco para que fuera el juez; pero el tema es que nosotros debemos cumplir los dictámenes, y resulta que aquí hay abiertamente una diferencia y una brecha increíble entre el pronunciamiento de la Contraloría que nos rige y el tribunal”.
Con dureza, basándose en estos antecedentes, el alcalde tucapelino afirmó que “los jueces tienen una situación privilegiada frente a otros funcionarios, porque son los únicos funcionarios del país que se les dice que una parte del trabajo se la puede llevar para la casa. Yo tengo que acatar un fallo, pero también tengo que hacer respetar la institucionalidad del municipio, sobre todo cuando tengo un oficio de la Contraloría General de la República”.
“Pasa mucho en las comunas más pequeñas –agregó- que los jueces han ido adquiriendo el hábito, por resoluciones que las mismas cortes les han dado, de cumplir solamente con los horarios de audiencia.
Entonces, uno dice ‘que extraña esta jornada laboral’, porque en algunos casos son dos días de audiencia, sólo en las mañanas, y se les paga el cien por ciento del sueldo”. Acotó que la remuneración, en el caso del juez de Policía Local de Tucapel, asciende a un millón 600 mil pesos mensuales.
FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO
Pese al fallo judicial en su contra, y aún cuando el municipio de Tucapel apeló a la resolución el viernes pasado, Jaime Veloso puntualizó la forma en que, a su juicio, debería corregirse legalmente el tema.
“Yo espero que exista una ley que pueda zanjar esta enorme diferencia entre la Corte y la Contraloría, porque me parece increíble que todavía en este país se diga que la jornada laboral se puede cumplir en un lugar distinto al del juzgado. Eso es pronunciamiento de la Corte de Apelaciones”.
En cuanto a la apelación para que sea la Corte Suprema la que decida sobre el tema, Veloso dijo que “para mi era esperable este tema, pero quiero quedarme tranquilo como alcalde que hice lo posible por lo que creo que éticamente es detestable”.
El alcalde también retrucó los dichos del juez Reveco referidos a la fiscalización que podría ejercer el municipio sobre el juzgado local. “Él (juez) es funcionario municipal; los fallos propiamente tal pueden ser impugnados en la corte, pero nosotros le autorizamos las vacaciones, evaluamos sus permisos administrativos, muchas veces le damos permiso para que se vaya a capacitar y lógicamente tenemos reloj control para fiscalizar si cumple las horas de trabajo”.
Asimismo, el jefe comunal aseveró que esta situación “le causa lesión al patrimonio municipal. La Contraloría fiscaliza el uso de los recursos públicos, y lógicamente desde nuestro punto de vista le causa lesión al patrimonio municipal. Por eso hemos apelado”.
Finalmente, el edil tucapelino planteó su preocupación por el hecho que un juez “no puede tener más sueldos públicos, y él (Reveco) está contratado por la municipalidad de Los Ángeles y por el Departamento de Educación de la municipalidad de Los Ángeles. La corte definitivamente no quiere acoger ese tema, no se pronuncia, por eso le pedimos a la Corte Suprema que se pronuncie. Él tiene hoy día tres contratos”.
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