RED Construyamos, agrupación partícipe
de la Mesa Social por Aurora de Chile, ha seguido el proceso que afecta a
este barrio de Concepción a causa del proyecto Puente Chacabuco, el que
significaría –según el gobierno- remover todo el sector que abarca a
alrededor de 600 familias. Al respecto, la agrupación social ha
comunicado la detección de una serie de irregularidades en el proceso
que involucra al MOP, al MINVU y a la Municipalidad de Concepción, y que
ha generado un conflicto que se desarrolla desde el terremoto de
febrero de 2010.
Al respecto, Antonio Mena, integrante de
la Red e investigador del caso, señala que la información divulgada por
el gobierno contiene una serie de anomalías y que –a partir de los
antecedentes solicitados- podría llegarse a establecer un engaño
sistemático a la comunidad, el que comprometería a autoridades
regionales del gobierno de Sebastián Piñera. La situación se presentaría
en los argumentos relacionados con la necesidad de erradicar a la
población Aurora de Chile y, particularmente, en los proyectos de
vivienda social ofrecidos a la población e, incluso, en lo relativo al
propio Puente Chacabuco y sus planes de expropiación.
Según explica Mena, “durante todo este
tiempo las autoridades han hablado de la existencia de proyectos, sin
embargo, sólo han exhibido un documento referido al puente y a
soluciones para la población. Se trata de una presentación hecha en
reunión sostenida por el MOP y el SERVIU con presencia de la junta
vecinal, el día 6 de agosto. Allí se muestran las áreas a intervenir,
las que comprenden todo el sector de Aurora de Chile, y señala los
terrenos donde se promete construir edificios sociales. Más allá de lo
injusto que es amenazar las viviendas y los terrenos de la población, el
hecho es que todo lo que ha dicho el gobierno en este caso parece ser
irreal.”
RED Construyamos ha solicitado la
información pública de estos proyectos a las diferentes dependencias del
gobierno involucradas, teniendo como resultado la denegación de
informaciones solicitadas, a pesar de tratarse de información de acceso
público. Con las respuestas oficiales y los reclamos realizados al
Consejo de la Transparencia contra el SERVIU-MINVU, el MOP y la
Intendencia (ver anexos), Mena agregó que: “Producto de la
reiterada evasión en la entrega de información pública, hemos recurrido
en amparo contra estas instituciones”. A su juicio, “esta situación
hablaría de que el gobierno actúa con negligencia y estaría indicando
que no existe ningún proyecto de vivienda y tampoco planes de
expropiación. Por tanto, las acciones llevadas adelante por el SERVIU y
la Municipalidad para expulsar al barrio, estarían fuera del marco de la
Ley y del debido procedimiento al que están obligados los funcionarios
del Estado. De probar mañana que no existen los proyectos de
construcción de accesos para el puente, o que no hay planes de
expropiación o soluciones de vivienda, recurriremos a Contraloría y a
las instancias legales que correspondan”, enfatizó Mena.
Por su parte, Eduardo Ampuero calificó
el proceder del gobierno como una conducta sistemática aplicada contra
poblaciones de miles de familias, en Villa Futuro, en Camilo Olavarría
o, como está ocurriendo, en Recoleta, en Santiago. “Lo que estamos a
punto de comprobar es que las motivaciones del gobierno para expulsar a
las familias de sus barrios, no corresponden ni a la protección de la
población ni al superior interés público. Lo que observamos es que
existe intervención de poderosos intereses inmobiliarios que ambicionan
la propiedad de miles de familias cuyos suelos han elevado su valor, con
la finalidad de llevar a cabo proyectos privados de suculentas
ganancias. Eso y no otra cosa es lo que pasa en Aurora de Chile, donde
es descabellado que un puente pueda barrer con toda una población y, más
aún, donde se pretende construir el exclusivo proyecto “Terrazas del
Bio Bio”, cuyo director es el ex candidato a alcalde de J. Van
Rysselberghe, el arquitecto Emilio Armstrong”.
Aurora de Chile es un asentamiento que
tiene aproximadamente 100 años, donde varias generaciones de “colonos”
realizaron obras de relleno en lo que antes eran lechos del río Bio Bio y
crearon los adelantos de urbanización existentes. A pesar de ello, los
sucesivos gobiernos no han reconocido la pertenencia del suelo a sus
habitantes históricos. Por el contrario, concluyen, “es grave que se
amenace continuamente a la gente para que dejen sus casas, que vayan a
ofrecerles engaños y que todo esto lo haga gente del gobierno, pagada
por todos los chilenos”.
Concepción, 16 de noviembre de 2012
Equipo prensa - RED Construyamos
ANEXO. Referencias a los documentos por Transparencia:
Solicitud al SERVIU por proyecto habitacional:
SERVIU responde que esta información es de propiedad de la Egis
municipal, asumiendo desconocer el tema. Sin embargo, en sesión especial
del Concejo Municipal (6 de septiembre), la administradora municipal
dijo no poseer ninguna información, por cuanto el MOP, el SERVIU y el
MINVU no se la habrían remitido hasta esa fecha. Solicitamos amparo.
Solicitud al SERVIU por presencia en propaganda del candidato ARMSTRONG que promete viviendas:
SERVIU responde que se acogen a los diez días extras que da la Ley para
informar, por cuanto la magnitud de la información referida a la
reunión indicada sería considerablemente grande. Finalmente, la
respuesta contenida en el ORD 16095, da cuenta de una simple e
insatisfactoria presentación en power point. Solicitamos amparo.
A la Intendencia se solicitó protocolos de acuerdo relativos al plan Ribera Norte:
Son dos los protocolos solicitados, uno entre el alcalde Aste y el
intendente Veloso, el otro entre la alcaldesa van Rysselbergue y el
intendente Tohá. La Intendencia entregó uno de los protocolos
solicitados, pero niega el más antiguo, suscrito al alero del plan
Ribera Norte original, dando la excusa de pérdida por causa del
terremoto. Se solicita amparo. El Consejo ha pedido explicaciones a la
Intendencia. El protocolo negado versa sobre la radicación de 800
familias de Aurora de Chile y su plan original puede que establezca
mejores condiciones para los vecinos.
Solicitud al MOP por estudios de impacto ambiental y social, y catastros de intervención:
La respuesta niega información y deriva a una empresa particular, la
que, por lo demás, no tiene obligaciones de informar. Se solicita
amparo.
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