Escribe: Sergio Rodríguez Gelfenstein
Fuente: POLITIKA
Desde hace más de 100 años el único “enemigo” que han tenido que enfrentar las fuerzas armadas y de seguridad de Chile es al pueblo. Son pocas las ocasiones en que se han visto obligados a desafiar a un contrincante armado. El atentado a Pinochet, el 7 de septiembre de 1986, nos ofreció la oportunidad de admirar la calidad del sprint de los “valientes soldados” huyendo.
Contrasta esta actitud con la “valentía” que fuerzas armadas y carabineros han derrochado a lo largo de la historia para reprimir y masacrar al pueblo desarmado: Lo Cañas 1891, Santiago 1905, Plaza Colón de Antofagasta 1906, Santa María de Iquique 1907, Punta Arenas 1920, San Gregorio 1921, Marusia y la Coruña 1925, Ranquil 1934, Seguro Obrero 1938, Plaza Bulnes 1946, Población José María Caro de Santiago 1962, El Salvador 1966, Puerto Montt 1969, dictadura cívico militar (1973-1990), represión contra el pueblo mapuche durante 200 años y ahora 2019 en todo el país.
Inspiradas por los admirables ejemplos inglés y prusiano desde el siglo XIX, las instituciones armadas devinieron en apéndices de EEUU después de la irrupción de este país como primera potencia mundial en el siglo XX. La industria bélica yanqui se generó un mercado a cañonazos (de millones de dólares).
Aplicando la Doctrina Monroe, después de finalizada la segunda guerra mundial los EEUU crearon el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), legalizando así –bajo su mando- la subordinación de los ejércitos latinoamericanos. La doctrina de la “seguridad nacional” identificó al pueblo como el enemigo a vencer.
La guerra fría culminó, el enemigo comunista “desapareció”, pero el entramado de dominio y represión se mantuvo incólume hasta hoy. Los acontecimientos en América Latina muestran claramente que no es posible avanzar en la senda de la independencia real y la libertad si no se resuelve “la cuestión militar”.
Cada vez que un pueblo osa exigir sus derechos, tal decisión trae ataques dimensiones superlativas: operaciones militares, amenazas, chantaje, intentos de asesinatos de dirigentes, sanciones comerciales, bloqueos económicos y financieros y todo tipo de acciones encaminadas a hacer rendir por cualquier vía a los pueblos que no transigen.
Lo que nos hace recordar la máxima de Lenin: “el problema de la revolución es el problema del poder”. Mientras esté en manos de las oligarquías nacionales obedientes a Washington “el Estado es un órgano de dominación de clase y sus principales instrumentos son las fuerzas armadas y el poder judicial”.
Los recientes acontecimientos en Venezuela, Chile y Bolivia son expresión lúcida de que tales paradigmas subsisten en la disputa que las masas oprimidas enfrentan en el camino hacia su liberación. Las fuerzas armadas son el elemento que define en una u otra dirección el avance o retroceso –en términos políticos- de los procesos sociales, y ellas suelen estar bajo influencia del poder dominante.
Como dos precauciones valen más que una, los EEUU disponen de la instancia superior creada por en América Latina para organizar golpes de Estado y darles visos de legalidad. La Organización de Estados Americanos (OEA) es el órgano imperial de fachada para perpetrar tales actos delictivos, con el lamentable aval por acción u omisión de todos los países miembros que con su presencia legitiman tales desmanes.
Frecuentemente el papel de operador lo han jugado las fuerzas armadas arrastrando tras de sí a la policía. Sin embargo, en los últimos años esta ecuación se ha invertido: ahora son los órganos policiales los que “llevan la batuta” en la acción golpista que los conduce a servir de espada ejecutora de las decisiones imperiales con apoyo castrense.
Así fue en el abortado golpe de Estado contra el presidente Correa en septiembre de 2010, así ha sido ahora en Bolivia. De la misma manera, es la policía de carabineros la que está ejerciendo la más brutal represión en la historia reciente de Chile.
Esto tiene explicación. El nuevo siglo trajo al gobierno algunos presidentes progresistas. También, en muchos casos, cambios importantes en la correlación de fuerzas a favor de la izquierda en los parlamentos. Así, las disposiciones atingentes a la soberanía nacional, –instalación de bases militares, formación de las fuerzas armadas e influencia de EEUU en los ejércitos de América Latina y el Caribe–, comenzaron a ser limitadas por los poderes legislativos.
Para burlar esos preceptos, EEUU estableció una relación directa con gobiernos obsecuentes dispuestos a aceptar la presencia militar estadounidense con el pretexto de cooperar en materia de seguridad ciudadana y para enfrentar las consecuencias de desastres naturales.
De esta manera aparecieron bases militares maquilladas en centros de cooperación policial y ejercicios conjuntos de fuerzas policiales y de seguridad con contrapartes norteamericanas. En todos los casos organizados y ejecutados por el Comando Sur de las fuerzas armadas de EEUU.
En Chile, en 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se estableció en Fuerte Aguayo en la ciudad de Concón, a unos 135 km. al noroeste de Santiago, una base militar de EEUU. Su objeto declarado: entrenar fuerzas policiales y militares chilenas y de la región en acciones de “guerra urbana” de conformidad con las doctrinas contrainsurgentes de la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono, según informó en junio de 2012 el Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CEPRID).
Según la embajada de EEUU la misión de esta base era “ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil”. Así, Chile aparece cediéndole la responsabilidad de la paz interior a una potencia extranjera.
En el mismo artículo, CEPRID explica que “en septiembre de 2011, el Ministerio de Defensa de Chile firmó un acuerdo de cooperación con el general Douglas Frazer, comandante del SOUTHCOM [Comando Sur de las fuerzas armadas de EEUU].
“Frazer propuso la creación de `protocolos´para apoyar a países afectados por desastres naturales, proporcionándoles asistencia militar, la tapadera del verdadero objetivo del Fuerte Aguayo: entrenamiento de fuerzas policiales y militares para reprimir a las organizaciones populares con el uso de los métodos más sofisticados, modernos y de elevada tecnología”.
En marzo de 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre el gobierno de Chile y la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de EEUU (FEMA), por el cual Chile recibiría asistencia y entrenamiento para actuar en escenarios de “emergencia nacional” que conlleven a la instauración de un estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales.
Visto lo ocurrido en el último mes, se explica la brutal violencia desatada por Carabineros desde el 18 de octubre.
Citando al periodista Armando Romero, el escrito señala que: “…la participación de Fuerzas Especiales de Carabineros, en el ejercicio anual de los cascos azules de la ONU (Peacekeeping Operations Americas), en el Fuerte Aguayo de Concón [y] la intervención de la Escuela de las Américas (School of the Americas), significa una nueva etapa de penetración en la región que se incrementa con Piñera que permitió la realización del Consejo Militar en este año, en el que tuvo destacada actuación Stephen Johnson, director del Área de Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de EEUU, notable agencia de la penetración imperial caracterizada por sus labores desestabilizadoras de gobiernos `peligrosos´ o `indeseables´ para los intereses de Washington”.
”En ese Consejo Militar, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba señaló sin ambages la necesidad de un análisis `relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar´. En otras palabras, los militares chilenos están y estarán en guerra con los mismos parámetros del fascismo pinochetista”
Esta nota, escrita el 12 de junio de 2012, trasluce con claridad meridiana como ya en su primer gobierno Sebastián Piñera comenzó a preparar a las fuerzas armadas y carabineros para -en alianza con EEUU- reprimir al pueblo en caso de que explotara la olla de presión que significaba la existencia de un sistema caracterizado por la enorme exclusión de la mayoría de los chilenos.
Nadie debe extrañarse ahora de la brutalidad pinochetista de este gobierno, propia de su ADN represivo y sanguinario, al que se han plegado vergonzosamente todos los partidos de derecha estén o no en el gobierno.
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