El pasado 21 de Marzo autoridades del Ministerio de Salud anunciaron
que a partir del 1 de julio próximo se incrementa en 11 el número de
problemas de salud cubiertos bajo régimen de garantías AUGE, elevándose a
80 el total de enfermedades complejas desde el punto de vista de salud y
catastróficas desde la mirada económica, que cuentan con dicha
protección legal.
Si el tema se analiza desde la perspectiva de las familias
beneficiadas por dicha medida, es obvio que su opinión no puede ser otra
que de total alegría y satisfacción. No debiera ser la misma mirada la
de quienes siendo portadores de problemas de salud tanto o más
complejos, quedan sin dicha protección e incluso ven mermadas sus
posibilidades de atención en el sistema público que por ley se ve
obligado a privilegiar las patologías incluidas en el régimen AUGE.
Desde la perspectiva de las y los miles de funcionarias y
funcionarios de hospitales y consultorios, el anuncio se analiza en
relación con la mayor complejidad que supondrá hacerse cargo de las
mayores obligaciones AUGE en un escenario de serios déficits en materia
de recursos humanos, equipamiento e infraestructura, con la certeza
además que la comprensible molestia de quienes acudan a sus
establecimientos y no encuentren la respuesta esperada, caerá ellas y
ellos, los que dan la cara día a día.
Para la CONFUSAM, además de lo ya señalado, los anuncios del Gobierno
deben ser analizados planteándose en torno a las consecuencias en el
corto y mediano, tanto respecto de la capacidad del sistema público para
responder, como de las amenazas implícitas que supone para su
desarrollo futuro. En esa dirección, con los antecedentes de lo ocurrido
en materia de recursos económicos desde que se impuso el AUGE que
muestran que el sistema público ha sido incapaz de hacerse cargo de las
garantías explícitas dadas las crónicas falencias ya mencionadas, lo que
a su vez determinó el traspaso anual de cientos de miles de millones de
pesos del presupuesto de la salud pública hacia el sector privado para
comprar prestaciones que el sector público no podía resolver, lo que
queda claro es que los que más se verán favorecidos con las nuevas
medidas del Ministerio de Salud serán las empresas que lucran con la
enfermedad de las los millones de chilenas y chilenos. Por más que
enfáticamente las autoridades nieguen sus intenciones de privatizar la
salud, en la práctica, los hechos hablan por sí solos y estos anuncios,
claramente son un nuevo avance a favor de la privatización.
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