La Democracia Capturada Por La Tecnocracia

Las AFP y las Isapres son parte de un negocio espurio llamado Chile. La costra política parasitaria que protege ese robo caracterizado es cómplice. Y cobra.

 

Escribe Luis Mesina – Sindicalista

Fuente Diario Electrónico Politika

 

Asignarle un reconocimiento superlativo a quienes son portadores de un currículo colmado de certificaciones académicas, se ha convertido en una práctica habitual en nuestro país. Hombres y mujeres generalmente provenientes de sectores acomodados logran autofinanciar estudios en universidades extranjeras a costos que para cualquier ciudadano normal resultan inalcanzables.

 

Otros, ligados al aparato del Estado y apadrinados por conspicuos políticos, acceden a becas financiadas con recursos públicos, que se hallan vedadas para los hijos de los asalariados.

 

Este pequeño grupo de élite, sacralizado por la clase política, adquiere poderes al margen de la institucionalidad jurídica vigente y se coloca por encima de las instituciones tradicionales encargadas justamente de dirigir los destinos del Estado.

 

Así, por ejemplo, se ha hecho cada vez más frecuente, que distintos poderes del Estado recurran, cada vez que se trata de enfrentar una política pública de envergadura a, “comisiones técnicas”, a veces llamadas “comisión de expertos” o “mesas técnicas”.

 

Ha ocurrido, por ejemplo, para abordar el tema de la educación y su curriculum.

 

Generalmente quienes componen estos espacios provienen de centros de estudios que en el pasado validaron la educación de mercado a través del sistema de “voucher en educación”, que sometía a competencia los establecimientos educativos municipales con los particulares financiados parcial o totalmente con recursos del Estado.

 

El resultado de esta lógica de competencia desenfrenada, por capturar mayor cantidad de alumnos acompañados de sus correspondientes vouchers, despreocupó lo esencial de la educación, el currículo y la entrega y desarrollo de valores de los sujetos educandos provocando una educación pública destruida por el predominio del negocio.

 

Recientemente para el salvataje de las isapres se recurrió a una “comisión de expertos”, cuya experiencia y dominio suponía prescindencia de algún interés ajeno a la salud. Sin embargo, resultó que la comisión estaba integrada mayoritariamente por los defensores de la salud privada.

 

El resultado era predecible, significó el salvataje millonario de una industria que ha hecho de la salud un negocio completamente espurio que la deja prisionera, quizá por cuanto años más, de la lógica del negocio en claro detrimento de la salud pública.

 

En otro ámbito, tan importante como la educación y la salud, están las pensiones.

 

Estas semanas hizo público su informe la “comisión técnica” por pensiones, instancia coordinada por el representante del Ministerio del Trabajo. Se reunieron durante dos meses y culminaron con el consenso de que las AFP no se tocan, en realidad la capitalización individual no se toca, la esencia del modelo privado de ahorro forzoso continúa.

 

No solo eso, por consenso concluyeron que la PGU no sea universal y que su monto no alcance la cifra prometida de $250 mil. Es decir, ninguno de los acuerdos a los que arribaron por consenso, resuelven las demandas que la inmensa mayoría reclama.

 

Conclusión, el negocio de la previsión continua y los pensionados actuales y los futuros seguirán sufriendo las consecuencias.

 

Es claro que las mesas técnicas o de expertos responden a las concepciones dominantes en el mundo actual, que bien podemos ubicar en el “paradigma tecnológico” cuyos promotores, conscientes y a veces no, enfatizan en la idea de que las sociedades humanas deben ser dirigidas por aquellos “que saben”, por aquellos que tienen dominio sobre modelos científicos, respaldados por la creencia de que los grandes problemas a resolver provocados por multiplicidad de factores que afectan a las sociedades actuales, pueden ser resueltos por expertos y especialistas.

 

Esta tecnocracia surge y adquiere importancia en la misma medida que aumenta la decadencia en la gestión actual de la política, de allí su sacralización de la que son objeto por esa misma clase política.

 

Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las comisiones técnicas conformadas en el último tiempo en nuestro país tienen serios conflictos de intereses, representan directamente a los sectores económicos y políticos que han mantenido la hegemonía en el control social y político, por ello se han pronunciado permanentemente a favor de mantener los pilares estructurales del modelo de mercado que opera en nuestro país por más de cuatro décadas.

 

Las consecuencias de ceder la responsabilidad política en el diseño de políticas públicas es un atentado a la democracia, pues el pueblo no tiene mecanismos para sancionar y/o evaluar el rol que cumplen, pues se hayan fuera de la esfera del escrutinio público, son una suerte de adenda del poder político que cada vez se hacen más frecuentes y recurridos por parte de la clase política.

 

Pero ¿quién dio ese mandato? ¿Dónde está regulado este nuevo proceder de la clase política? En ninguna parte. Es una práctica que se impuso desde fuera de la institucionalidad. No es neutra. Responde a intereses claramente del poder económico dominante.

 

En los hechos cumplen el rol de confundir, dilatar la demanda social y, quizá lo más relevante, cumplen el rol de desarticuladores de la protesta social o, dicho de otro modo, son guardianes del status quo.

 

Una de las más rimbombantes comisiones técnicas, la Comisión Bravo, que en 2015 hizo entrega a la presidenta Bachelet de un informe sobre el diagnóstico del sistema privado de pensiones, nueve años después el informe de poco o nada sirvió.

 

Si los políticos actuales, congresistas principalmente y los partidos que están detrás de ellos, que cuentan con recursos considerables y asesores pagados, no son capaces de diagnosticar correctamente y tampoco de formular propuestas de mejoramientos en aquellas materias para las que las mayorías reclaman solución, entonces la decadencia es mayor, y cobra sentido preguntarse ¿Cuál es el rol que frente a políticas públicas de envergadura, juegan cada uno de los políticos cuyo mandato emana de la voluntad popular y no de centros de estudios u ONG?

 

El peligro de esta cesión es que se hipoteca el rol público sobre el que están investidos los congresistas y políticos para delegarla al ámbito privado y, al mismo tiempo, desconocen el mandato de quienes los eligieron.

 

La gravedad es doble. Los grupos de interés privado fijan los bordes y contenidos de la discusión política y la tecnocracia captura la política para fines privados destruyendo lo público, evidencia que hace años se profundiza y que en octubre de 2019 fue cuestionada intensamente por el pueblo movilizado y lejos de provocar cambios, terminó consolidando esa forma cada vez más alejada de la democracia que opera hoy en nuestro país.

El Anticomunismo Desde El Siglo XIX

Para "proteger la libertad" los EEUU disponen de 745 bases militares alrededor del mundo. Por su parte, Gran Bretaña, el aliado preferido, dispone de otras 135 bases militares. Combatir al comunismo forma parte de los intentos del imperio para mantener su dominación planetaria. Que los vasallos sean o no sean comunistas no importa: se trata de seguir siendo EL imperio.

Escribe Luis Mesina

El “anticomunismo” no es una práctica solo contra los militantes comunistas. El anticomunismo es una ideología surgida desde los sectores conservadores, planificada e impulsada contra personas o agrupaciones que se proponen transformar la sociedad, en esa categoría caben algunos partidos políticos de izquierda, el movimiento obrero (sindicatos) y el movimiento social.

Denota una acción contra todo aquel o aquellos que intenten perturbar el status quo, contra aquellos que desafíen el poder establecido.

El anticomunismo no es nuevo. Durante el siglo XIX comenzaron las primeras manifestaciones de temor de los sectores dominantes contra el movimiento obrero que comenzaba a demandar mejoras económicas y políticas.

Los sucesos de 1848 (revolución de los pueblos) y la Comuna de Paris (1871) son expresiones que alertaron al conservadurismo de que el incipiente comunismo era un problema que había que combatir. En 1848 se hizo público el Manifiesto Comunista redactado por Marx y Engels, lo que profundizó los temores en los sectores oligárquicos.

La revolución de octubre (1917), la segunda guerra mundial y la posterior expansión del “comunismo” por Europa empujaron, especialmente al “nuevo orden” surgido después del término de la segunda guerra, a una política de mayor sistematización para combatir el comunismo.

Se iniciaba la “guerra fría” y con ello, una ofensiva sin cuartel contra todos aquellos que se inscribieran en la órbita soviética, incluidos aquellos que, no siendo comunistas, luchaban contra el capitalismo.

El imperio estadounidense en 1949 impulsa la creación de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), en clara señal de enfrentar y detener el avance del comunismo. A comienzo de los 50 bajo la impronta del senador Joseph McCarthy, se inició la “caza de brujas” para perseguir y asesinar a cualquiera que mostrara algo de subversivo frente al régimen imperante. Esa política, más conocida como “macartismo”, fue exportada a todo el planeta, especialmente a América Latina y a Chile.

Era un periodo de disputas entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los EEUU.
En nuestro país el anticomunismo se manifestó en la dura represión que sufrió el movimiento obrero desde sus orígenes, que adquirieron mayor significación durante el siglo pasado, con las matanzas de la Escuela Santa María (1907), San Gregorio (1921) La Coruña (1925) y muchas más. Luis Emilio Recabarren fue uno de los primeros en sufrir la represión por levantar las banderas de la transformación social contra el capitalismo.

En el contexto de la guerra fría, Chile debió tomar partido, el “macartismo” comenzaba a operar en el país: en 1948 bajo el gobierno de Gabriel González Videla se promulga la Ley No. 8.987 conocida como “ley maldita” cuya finalidad era proscribir al Partido Comunista, el mismo partido aliado que permitió a Gabriel González alcanzar la presidencia.

Posteriores sucesos muestran como militantes comunistas, socialistas, anarquistas, trotskistas, maoístas, etc. sufrieron los embates de la política anticomunista.

Poco antes, durante y después del golpe de Estado, la represión no discriminó en caer con todo el peso de la barbarie sobre hombres y mujeres que soñaban con un mundo mejor, fueran o no fueran comunistas.

El anticomunismo es una corriente, una ideología que se aferra a la defensa del capitalismo. Y para ello, requiere estigmatizar a quienes sueñan con un sistema distinto, se trata de evitar por cualquier medio que quienes se oponen a la reproducción del orden de clase existente, puedan lograr su objetivo y transformarlo.
Así entonces, son víctimas del anticomunismo los activistas políticos de izquierda, los sindicalistas, los dirigentes estudiantiles, los dirigentes poblacionales, los ecologistas, las feministas. Todos aquellos que cuestionen el orden establecido.

Todos quienes aspiren a modificar la distribución regresiva y abusiva de la riqueza.

Chile, es quizá uno de los países donde la derecha y la oligarquía han desarrollado la más elaborada estrategia anticomunista. Aprovechando el modelo heredado de la tiranía, que les permite disponer del control de los medios de comunicación de masas sin contrapesos, impulsan sistemáticas políticas para anular, invisibilizar y criminalizar a los activistas anti-sistema.

Sin embargo, en nuestro país no es solo la derecha quien promueve activamente una política anticomunista, se suman abierta o sutilmente a la estrategia anticomunista, dirigentes y partidos que forman parte de la coalición gobernante, dirigentes del Partido Socialista, del PPD, del radicalismo, a veces tan o más virulentos que la derecha.

Se apreciará que el anticomunismo en Chile es contradictorio, no es exclusivamente contra el “partido comunista” que forma parte del gobierno, ya que, al serlo, se ha disciplinado completamente y en tanto lo ha hecho, ha dado certezas de que ha abandonado su aspiración transformadora para contentarse solo con reformas que el sistema permita.

El anticomunismo opera ferozmente con aquellos que no se disciplinan, Daniel Jadue es una muestra de ello. Es tal la presión que ejerce la propaganda anticomunista, que termina moderando y a veces anulando el discurso de los propios comunistas.

El caso de las ministras más importantes, Camila Vallejos y Jeannette Jara junto a la presidenta de la cámara Karol Cariola, es lo más evidente, se han distanciado de su propio camarada Jadue, validando con ello el proceso judicial absolutamente irregular que lo mantiene en prisión, sin haber sido condenado.

Como corriente, que opera la mayoría de las veces a la sombra del ordenamiento jurídico, el anticomunismo es dañino, es la negación de la democracia, es la expresión de la intolerancia contra aquellos que piensan distinto, y es grave, pues a lo largo de la historia es lo que ha justificado las más atroces formas de represión, aniquilación y transgresión de los derechos fundamentales de quienes aspiran a cambiar el mundo.

Luchar contra el anticomunismo no es tarea solo de los militantes comunistas, es una obligación moral de todos aquellos luchadores sociales y políticos que se han propuesto continuar la lucha contra la desigualdad y la injusticia.

No hacerlo, es no dar cuenta de la sentencia categórica con la que nos alertaba Bertolt Brecht hace más de 70 años cuando señaló: “se llevaron a los comunistas y como yo no soy comunista no me importó, ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.

El Respeto A La Ley ¿Para Qué?

La pregunta hace saltar más de un alma pía. Luis Mesina tiene razón interrogándonos. Pasa que la ley la hicieron en dictadura -comenzando por la Constitución- y continúan haciéndola los poderosos y sus lamebotas para proteger sus privilegios. Peor aún los delincuentes (Fuentealba, Ponce Lerou y una larga lista…) no respetan ni siquiera sus propias leyes: eso queda para los pringaos.

Creo que hay que demolerla, antes de que se derrumbe y mate a alguien más…

Escribe Luis Mesina

 

Desde niños se nos inculca a través de la familia y posteriormente en la escuela el respeto a ciertos valores, a ciertas normas. Se trata de construir socialmente un ideal de sociedad conformada por un conjunto de reglas que los individuos deben cumplir y respetar.

 

Así, por ejemplo, se nos inculca el respeto a la bandera, al himno nacional y, antes del 11 de septiembre 1973, se infundía el respeto a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Asimismo, antes de que la sociedad conociera la sistematización de abusos que la Iglesia Católica cometía contra niños, también se nos enseñaba a respetarla.

 

La idea que hay detrás de inculcar respeto a ciertas normas, está directamente relacionada con la idea de conformar una determinada identidad para los individuos que habitan un determinado espacio común, un territorio, un Estado.

 

Para que un Estado les haga sentido a quienes lo habitan, es preciso que existan normas que guíen la conducta de los ciudadanos. El “Estado de Derecho” surge como respuesta a la legítima y pertinente pregunta de ¿cómo se ordena la convivencia de individuos que habitan un mismo espacio y con diferentes intereses?

 

Teóricamente, el Estado de Derecho responde a esa interrogante. Opera en un país regulado por leyes que todas las personas están obligadas a cumplir y, las instituciones encargadas de hacer cumplir dichas normas deben actuar con prescindencia de cualquier interés que no sea, hacer cumplir lo que la norma exige.

 

En los Estados modernos, los deberes y derechos fundamentales de los individuos, principalmente están plasmados en la Constitución Política, la que, junto con establecer deberes para los poderes existentes, fija límites a través de la ley, de modo que ese poder esté distribuido entre diferentes actores y no se concentre en uno solo, situación que ocurre con las tiranías.

 

¿Pero, por qué es necesario respetar las leyes? Se dice porque las leyes promueven el bien común y hacen posible la justicia y la libertad y, además, proveen un marco para aceptar aquello que la sociedad considera conveniente para sí. En general, se señala que las leyes permiten garantizar los derechos fundamentales a las personas y definen cómo actuar e interactuar entre sí para resolver las disputas propias de la convivencia humana.

 

Una forma de comprobar si ello es efectivo, es observando no sólo el contenido de la ley, sino cómo ésta de aplica y por quién se aplica, y contrastarla con la realidad inmediata para confirmar la efectividad de que la “ley es ciega” y que el Estado de Derecho opera rigurosamente en nuestro país.

 

Chile, en lo que va corrido de este año ha conocido diversas manifestaciones que han requerido la intervención del Estado. Ese Estado que opera según nuestra costumbre bajo la lógica absoluta de la separación de poderes -con independencia, diría Montesquieu- ha debido sortear diferentes casos de vulneración de la ley.

 

Veamos algunos casos para comprender cómo ha operado el “Estado de Derecho”.

 

Caso Fuentealba, excomandante en jefe del Ejercito de Chile, acusado junto a su esposa del delito de lavado de activos. Demasiada evidencia de malversación de fondos públicos de un sujeto que tenía una vida millonaria, que no era compatible con la de un funcionario público.

 

Fue absuelto: el fiscal responsable, José Morales, conocido en el ambiente como “el sepulturero”, en alusión que ha tenido a su cargo casos emblemáticos de persecución penal y ha terminado por cerrarlos o enterrarlos, como ocurrió, por ejemplo, con el caso Cascadas, donde aparece Julio Ponce Lerou; el caso de sobornos de Latam Argentina, donde figuraba el nombre de Sebastián Piñera.

 

Además, Morales ha sido vinculado con Luis Hermosilla, autor confeso de una red de poder corrupta que aún goza de absoluta libertad.

 

Otro caso, el del oficial Claudio Crespo, acusado como autor directo de los disparos que cegaron para siempre al estudiante Gustavo Gatica. Hay demasiada evidencia de actuaciones que vinculan a Crespo en actos de uso irracional y desmedida de la fuerza contra jóvenes que protestaban y que provocaron graves consecuencias.

 

Fuentealba fue absuelto y Crespo apoyado por diputados de derecha también y espera el proceso por caso Gatica.

 

Actualmente el tratamiento de lo que llamamos justicia para imputados por delitos flagrantes como por ejemplo los exalcaldes Virginia Reginato, Raúl Torrealba, Cathy Barriga, Pedro Sabat, Karin Rojo y tantos otros que han sido imputados por delitos graves, como malversación de caudales públicos, apropiación indebida, fraude al fisco, etc. gozan de libertad y, salvo, muy pocos, con pena remitida en su hogar.

 

El caso de Luis Hermosilla es muy demostrativo de cómo opera la ley para unos y para otros.

 

Pero, el caso emblemático de que la Justicia y el Estado de Derecho en Chile no es más que una quimera, lo constituye el caso de Daniel Jadue, imputado por delitos similares al de muchos otros alcaldes, se le ha privado de libertad total.

 

Esgrimiendo argumentos de “poca monta”, la Corte de Apelaciones denegó la petición de la medida cautelar que solicitó la defensa de cambiarla por arresto domiciliario. El ensañamiento es evidente.

 

Se puede estar en contra o a favor de Jadue, pero es evidente que el poder en este caso opera con un sesgo ideológico y de clase que se inscribe en la lógica de la política “anticomunista” que no es solo contra los comunistas, sino contra todos aquellos que cuestionan el orden político y social actual.

 

De allí entonces que no sea casual, que la educación desde niños nos enseñe a cumplir con las normas, a respetar las leyes, a respetar el orden establecido, pues ese orden y ese conjunto de normas redactadas por quienes dominan y controlan el poder, no son más que normas tendientes a garantizar los intereses y privilegios de una clase social en detrimento de otra clase social.

 

Hoy, Chile, sus instituciones encargadas de impartir justicia no solo dan una señal de abierta desigualdad para tratar a las personas, sino que, concretamente tomaron la decisión, en los hechos, de dejar en la impunidad a transgresores de los sectores pudientes y aplicar el máximo rigor a quienes pertenecen a los sectores populares.

 

Es la justicia y el Estado de Derecho que opera en beneficio de unos pocos: los poderosos. Vale la pena preguntarse entonces, respetar la ley ¿para qué?

 

Nota: la viñeta es del gran dibujante chileno Hernán Vidal, HERVI. La usamos sin preguntar si se podía… porque el propósito es altamente republicano. Gracias Hervi.

La Pobreza... Una Consecuencia De La Desigualdad

La desigualdad extrema trae consigo inestabilidad social y política. Y por ende, eso que intentan ocultar: lucha de clases. Nadie quiere morir abandonado en la pobreza sin luchar por sus hijos y su familia. Luis Mesina explica porqué.

Escribe Luis Mesina M. – Sindicalista. 10 junio 2024.

 

“el que esta comido, de la miel hace ascos; pero, al hambriento le parece dulce aun lo amargo” (proverbios 27:7)

 

A pesar del tremendo avance de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, del desarrollo de las telecomunicaciones, del transporte aéreo y marítimo, a pesar de todos los aumentos en productividad, hay algo que avanza en sentido opuesto, la desigualdad y la pobreza.

 

Según un informe de Oxfam, en 2023 las 85 personas más ricas del planeta acumulan una riqueza equivalente a la de los 3.500 millones más pobres.

 

“La magnitud de la brecha actual entre los más ricos y el resto es escandalosa. Nos hemos instalado en un círculo vicioso cuya dinámica se fundamenta en el control que los más ricos ejercen sobre el poder político”.

 

En la actualidad, el 1% de las familias más poderosas acapara el 46% de la riqueza del mundo.

 

“De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se estima que, durante 2022 cerca de 201 millones de personas (32,1% de la población latinoamericana), se encontraba en situación de pobreza. De las cuales, cerca de 82 millones (el 13,1% de la población) vivían en condiciones de pobreza extrema”.

 

Una de las mayores causas de la pobreza es la desigualdad económica. Cuando la riqueza se concentra de manera extrema en pocas manos, la mayoría queda imposibilitada de acceder a nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida.

 

Un dato irrebatible que devela la inmoralidad del actual sistema capitalista es el aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos, provocada por la especulación y destrucción de fuerzas productivas.

 

Durante la pandemia, cuando una parte considerable del planeta se hallaba completamente detenido, los diez hombres más ricos del mundo incrementaron sus fortunas, pasando de un patrimonio de 700 mil millones de dólares a 1,5 billones de dólares, al mismo tiempo que más de 1.700 millones de trabajadores sufrían la pérdida de sus salarios y otra cantidad, no menor, perdía sus empleos como consecuencia de la crisis sanitaria.

 

En nuestro país la situación no es diferente, hace poco, Fundación Sol publicó una infografía titulada “Desigualdad en Chile”: índice 10/10, donde muestra que el año 2006 el 10% de mayores ingresos ganaba 27 veces más que el 10% más pobre.

 

16 años después, en 2022, esta relación aumentó a 42,7 veces lo que devela como la concentración económica lejos de disminuir, ha aumentado considerablemente.

 

También entregaron algunos antecedentes referidos a la Casen 2022 con datos actualizados a marzo de 2024, que muestra que la mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 500 mil pesos o, incluso, menos.

 

El 70% gana menos de 700 mil y el promedio se sitúa en los 729 mil pesos. Todos estos valores están muy por debajo del gasto real de los hogares que, según datos de la novena encuesta de presupuesto familiar actualizados a marzo de 2024, indica que el gasto mediano de los hogares de las capitales regionales (dieciséis en total) es de $1.277.000

 

Corregir la desigualdad económica y superar los niveles de pobreza, exige voluntad política. Implica contar con gobiernos y políticos dispuestos a llevar adelante estrategias redistributivas que permitan que el “crecimiento económico” sea favorable a los más pobres.

 

Ello exige, partir implementando políticas impositivas y redistributivas. Implementar políticas que prevengan el aumento del desempleo y el subempleo. Combatir la corrupción, la evasión y la elusión fiscales. Entregar mayores accesos a los recursos de la tierra garantizando, además, que la población pueda acceder a viviendas dignas.

 

La mantención de la desigualdad económica no solo atenta contra derechos fundamentales de las personas, sino que, deteriora moralmente a los pueblos, y permite que la captura de la política por parte de quienes controlan la mayor parte de la riqueza, debilite las democracias al hacerle perder sentido a las personas.

 

La lucha por superar la pobreza es una tarea inmensa y urgente. Y a pesar de que algunos han puesto en tela de juicio la relación desigualdad/pobreza incorporando nuevas categorías y dimensiones para analizar la relación de estas variables, lo cierto es, que la pobreza en la era actual -digital como algunos la han llamado-, es mucho más grave e impactante, pues provoca la conculcación de derechos inalienables a las personas, que en la era presente resultan inaceptables.

 

La tarea urgente, por tanto, de aquellos que reclaman estar por un mundo mejor es no claudicar, no abandonar esos objetivos, comprometerse cada día más en todos los niveles en que uno se encuentre por luchar para desterrar la desigualdad económica y así, avanzar para acabar con la pobreza y dar paso a un mundo mejor.