Un caso ejemplar en el Concepción metropolitano
La
realidad de los damnificados corresponde a decenas de miles de personas
en nuestra región, sólo en la provincia hablamos de casi 50 mil
viviendas contabilizadas como damnificadas. Para las familias en
mediaguas de Talcahuano las expectativas de solución son lejanas. En su
mayoría, son familias que no tienen capacidad de ahorro. Y, además,
deben resignarse a la reconstrucción en las peores condiciones, lanzados
lejos de todo acceso al trabajo y a los servicios. En casos como el de
El Morro, sin ningún tino, sucede que las familias son devueltas junto
al mar, en los terrenos que ha abandonado una empresa pesquera.
Pero,
fuera de los casos de estos damnificados, existe otro tipo de
damnificado, el damnificado puro y exclusivo del régimen de apropiación
capitalista del suelo.
Villa Futuro
es un caso dramático y, a la vez, es un caso controvertido, aunque no
el único en esta materia. En primer lugar, la población de más de 1320
familias fue calificada como inhabitable y, en consecuencia, como afecta
a los programas de reconstrucción. Sin embargo, los edificios sociales
jamás fueron inhabitables, excepto en un blok de 38 departamentos. ¿Cómo
ha ocurrido este colosal “error” del Estado? Nunca lo han explicado,
pero lo cierto es que la población fue adulada con la oferta de
provechosos programas de reconstrucción que, según les dijeron, sería
una ayuda pronta y “extra”. Soluciones favorables para que el Estado
pueda llevar adelante sus verdaderas intenciones: la expropiación. Pero
nada de eso fue cierto. Las penurias han ido una tras otra junto a la
incertidumbre, por una parte tildados de “beneficiados” y, por otra,
expropiados de sus bienes en las peores condiciones.
Nuestra
apreciación como Red Construyamos es que tanto en Villa Futuro como en
Camilo Olavarría, como en Centinela o como en Aurora de Chile, se han
esgrimido las más vergonzosas y fraudulentas falacias para expulsar a
los pobladores de sus suelos. ¿Por qué? No parece haber otra explicación
que la extensión de proyectos inmobiliarios concebidos y arreglados en
salones vip, entre empresarios, ejecutivos y políticos. Es posible que
desde allí los proyectos salieran plasmados en planos secretos que
solamente han esperado la ocasión más apropiada –cualquiera sea ésta,
aunque sea de una catástrofe- que permita la mayor rentabilidad y el más
bajo costo. Expulsar a los pobladores es un negocio cuando sus tierras
han cambiado de valor o con algún atractivo especial para los negocios
inmobiliarios.
Para ejecutar esta
transacción todo vale. Los pobladores perjudicados son llevados a
abandonar sus departamentos y engañados para admitir la demolición de
ellos, todo con tal de facilitar la expropiación a mínimo costo. Estos
operadores de oscuros intereses, no han tenido límite, ni siquiera
cuando se ha tratado de arrastrar a los pobres a destruir con manos
propias sus viviendas, imágenes vergonzantes y apocalípticas que
quedarán gravadas para siempre en la mirada de miles de niños de
Centinela, Villa Futuro, Camilo Olavarría. Es la eterna fórmula de
políticos familiarizados con empresarios, gente sin escrúpulos y con una
sola meta: aumentar su capital a través de la apropiación del suelo que
pertenece a los pobladores. No hay escusa, se trata de mafia pura.
Villa
Futuro ha pasado por una serie de aberraciones. Una vez llevados a
campamentos de emergencia (sin ser necesario), las autoridades han
intentado asegurar que los departamentos no sean ocupados, batiéndose
contra los pobladores que se resisten a abandonar su hogar. Y han
utilizado métodos de división para cercar a los rebeldes. La protesta
social y la demanda pública de los pobladores, poco a poco fue forzando
una respuesta menos mezquina, a pesar de la prudencia de los
funcionarios por evitar “malos gastos”, se vieron obligados a elevar los
ofrecimientos a sumas entre 9 y 12 millones de pesos por expropiado.
Sin embargo, los departamentos tendrían un valor cercano a los 21
millones, estiman los dirigentes vecinales, porque todos debieron
completar la construcción de su vivienda recibidas en obra gruesa. Aún
así, la tentación del dinero “catch” ha atrapado a muchos y los ha
llevado a firmar compromisos que permiten a los funcionarios del
ministerio asegurar que la solución ya ha sido entregada. Muchos de
estos “beneficiados” han ido “comiendo” (gastando) su cheque, a veces
por alcanzar pequeños bienes que no tenían oportunidad de comprar, como
un vehículo. De todas maneras, el monto no asegura que los expropiados
puedan encontrar una vivienda por un valor similar, al menos en la
ciudad.
Entre los mecanismos
propuestos por los funcionarios del gobierno, se cuenta la idea de que
los comités de vecinos busquen sitios para comprar y emplazar sus nuevas
viviendas con una combinación de subsidios y dinero para adquirir la
tierra. Un grupo de 130 familias firmó un acuerdo extrajudicial para
compra de terrenos y construcción que se denominó “Proyecto los Lirios”.
Pero fue el propio SERVIU el que quebró el acuerdo de compra, lo que
significó que el proyecto “se cayera”, es decir, fracasara. SERVIU hoy
se lava las manos, pues el problema de vivienda de estos “damnificados”
sería ya una cuestión de “privados”.
Pero,
entre tanta desgracia, el acoso a los pobladores no tiene fin. Ahora
surge un nuevo giro del gobierno para las 400 mediaguas en que viven
familias que han aceptado salir de los departamentos. Los dirigentes de
la recién electa junta de vecinos acusaron que el gobierno, después de
haber sacado a la gente de los departamentos, está entregando los mismos
departamentos en comodato a las familias, aunque esta vez volverán a
construcciones desmanteladas, sin agua y sin luz. Claro, las familias
que están en el campamento, con cheque de expropiación, ya no son los
dueños, porque lo es el propio gobierno.
Entonces,
denuncian los dirigentes, si el gobierno utiliza el subsidio de
arriendo, haría una curiosa transacción, devolviendo a la gente a los
departamentos y pagándose a sí mismo el valor de arriendo, la suma de
subsidios de arriendo por cada habitante de las 400 mediaguas, daría una
suma de 44 millones al mes, que en un año representarían 528 millones
de pesos y que proyectados a los tres años que duraría este fondo,
alcanzarían a ser mil 548 millones de pesos que el gobierno pagaría… a
sí mismo.
Concepción, enero de 2012
Una nota posterior al texto, a modo de epílogo (julio de 2012)
Pasados
cinco meses desde las anteriores notas al problema de los expropiados y
al subsidio de arriendo, se suman los misterios entorno a la conducta
del gobierno en el caso Villa Futuro. A lo largo de estos meses, los
edificios han tendido a ser re-ocupados de dos maneras. Por una parte,
personas de distintos sectores han tomado los departamentos desocupados,
creando una serie de complejidades en el proceso de Villa Futuro; esto
ha significado que los propios vecinos han preferido que estas
ocupaciones las hagan parientes o personas de confianza, de manera de
evitar la lumpenización del sector. Por otra parte, observan los
dirigentes, el propio gobierno ha enviado a ocupar edificios a
pobladores desconocidos o reconocidos delincuentes, lo que ha
acrecentado la peligrosidad del barrio en los últimos meses. Estos
últimos han recibido la autorización de funcionarios, sin exhibir los
documentos que le darían este derecho y dejando lugar a mayores
sospechas. La batalla entre los vecinos del sector y la guerra sucia y
silenciosa que les declara el Estado, sigue en desarrollo.
E.A.C.
