Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) son un aporte para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas que faciliten la elección de alimentos saludables a la población chilena. Estas guías promueven estilos de vida saludables y ayudan a prevenir enfermedades relacionadas con la dieta. Las guías proponen la cantidad y el tipo de alimento que los distintos grupos poblacionales deben consumir.
Las GABA son de carácter nacional y consideran la situación de salud y nutrición de la población del país. Para elaborar el contenido y definir la orientación de las guías alimentarias es fundamental conocer cabalmente los problemas de salud pública predominantes del país, considerando factores sociales, culturales, económicos, ambientales y agrícolas que se relacionan con una adecuada disponibilidad y utilización de los alimentos. En ellas se formulan mensajes técnicos positivos que ponen de manifiesto los beneficios que brinda una alimentación apropiada. Es necesario, por lo tanto, tener en cuenta diversos campos científicos y los intereses de grupos multidisciplinarios y multisectoriales, con el fin de mejorar la alimentación y la nutrición de la población.
En Chile, estas guías son actualizadas cada cinco años, y los problemas prioritarios que se consideraron en su formulación fueron las enfermedades cardiovasculares, obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, osteoporosis y anemia en niños menores de 18 meses.
Las GABA son un importante instrumento para lograr los objetivos de nutrición, facilitando la adopción voluntaria de conductas alimentarias saludables. Entre los avances más importantes observados en los países que ya han producido guías alimentarias se pueden citar: la formación de equipos interdisciplinarios de distintos sectores, la identificación de problemas prioritarios de salud y nutrición del país y la definición de objetivos nutricionales de carácter nacional.
Por último, señalar que los mensajes técnicos de las Guías Alimentarias se ven reforzados por los programas desarrollados tanto por el sector público como el privado, que tienen como objetivo contribuir a la instalación de prácticas de vida saludable en la población.
La decisión del gobierno de la derecha chilena de mantener y profundizar el modelo de desnacionalización y de entrega al lucro privado de los últimos recursos básicos, quedó de manifiesto, una vez más, con la amañada y frustrada licitación en que el gobierno quiso entregar nuevas cuotas de explotación a la Sociedad Química y Minera de Chile ( SOQUIMICH).
Esta maniobra por desnacionalizar el litio es de larga data; está impregnada de manejos oscuros a partir de 1982 con una ley que lo declaró material estratégico y prohibía entregar la explotación en concesiones privadas. El carácter estratégico estaba dado por su condición de componente en los procesos de los reactores nucleares, aunque, como era de esperar en un país de pobre desarrollo científico, poco se ha hecho en la investigación en ese sentido.
Curiosamente en 1980 y antes que se dictara la ley se constituyó una empresa que explota hoy este mineral: la Sociedad Minera del Litio Ltda. Sus socios originales eran CORFO, impulsora y dueña de un 45 % de la propiedad y la estadounidense Foote, que, al parecer contaba con la tecnología para extraer el litio. Después esta sociedad pasó a manos de la transnacional Chemetal y con posterioridad a la estadounidense Rockwood Lithiumes y que hoy opera junto a Soquimich en el Salar de Atacama. Las salmueras de este salar tienen la enorme ventaja competitiva de concentrar las mejores reservas de litio del mundo. Rockwood es propietaria de los yacimientos y por tanto no paga derechos de explotación (Royalty) a diferencia de Soquimich que si debe hacerlo aunque el porcentaje es un paupérrimo 6,8 % sobre los envíos. ¿Cómo terminó siendo hoy la transnacional Rockwood única dueña de la Sociedad Minera del Litio Ltda? En la respuesta está parte el historial de negociados de la industria minera en Chile y sus cabilderos templarios situados en el poder.
Todos estos manejos permanecieron fuera del conocimiento general, desde esa fecha, pero, como ya se preveía desde 1998 la demanda mundial de este mineral creció en un 238 % y las proyecciones indican que habrá un mercado que duplicará la producción actual de 160 mil a 320 mil toneladas. En 15 años más o antes se necesitará 180 mil toneladas. Mientras un teléfono móvil necesita 0,3 gramos, un auto eléctrico necesita 21,6 kilos. El litio además es un componente importante en la producción asociada de energía solar y eólica que necesitan baterías de almacenaje, además de los clásicos de la producción de vidrios, cerámica, grasas lubricantes, aluminio y baterías recargables.
Las estimaciones (conservadoras aún) visualizan que en 10 años con un crecimiento de la demanda del 7 % anual habrá un mercado del litio que duplicará la producción actual y deberá llegar a las 320 mil toneladas lo que significa unas ventas por unos US$ 1.700 millones. Compárese esta cifra con el gran negocio que decía hacer el gobierno al recibir de la empresa de Julio Ponce, Presidente del Directorio, unos 40 millones de dólares una vez concretada la negociación para concesionar la explotación del litio por 20 años.
Entonces tenemos que el litio es el mineral del siglo y las cifras que pueden manejarse a no muy largo plazo son importantes despertando los apetitos siempre insaciables del interés privado.
Ya en el 2010 Laurence Golborne inició, como Ministro de Minería, una ofensiva brutal para poner en la agenda del gobierno la liberación de la explotación del litio y quitarle su carácter de elemento estratégico dejando definitivamente al margen cualquier vía para que sea reasumida como empresa estatal que beneficie al conjunto de los chilenos. Era el hombre de las mineras en el momento adecuado y en el lugar adecuado.
Esta ofensiva culmina realizando lo que en eufemístico lenguaje del gobierno “abriría el mercado del litio a través de contratos especiales de operación”. Lo curioso es que la licitación en vez de abrir el mercado como declaraba lo seguía concentrando y en el colmo de la impudicia el contrato fue entregado en bandeja a un viejo pájaro de cuentas: el inefable Julio Ponce y su acompañante en el directorio el ex Ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Buchi.
Como acostumbra este gobierno de los “vivos de cuello y corbata” lo hizo con claros vicios en la licitación y conflictos de intereses entre los operadores de gobierno de alto nivel. En esta maniobra no se descarta el uso de la mano del gato por parte de Piñera que prepara su regreso al mundo de los buenos negocios después de su triste pasada por el gobierno de Chile. Fiel a sí mismo sienta las bases para un negociado más grande que haberse apoderado de la línea aérea nacional (LAN) a precio de huevo. Y Laurence Goldborne el hombre de las mineras, que después del llamado “caso de los mineros” adquirió una inesperada proyección como futuro Presidente de Chile, que en caso que este país tuviera la desgracia de soportar, arremeterá con todo, con su íntima condición de mocito del poder económico. Que es lo que siempre ha sido.
El definitiva, el intento de entregar esta importante riqueza del país fue demasiado basto y grosero, para que prosperara y queda a la espera de mejores tiempos para una nueva arremetida. No en vano es el gran negocio minero del siglo XXI..
Lo positivo es que abre la posibilidad de un gran debate nacional para lograr que el litio no siga el mismo camino de desnacionalización del cobre chileno. Recuperar en primer lugar la Sociedad Químicas y Minera de Chile y someter a juicio a Julio Ponce que recibió esta empresa como dote de matrimonio de manos de Pinochet, su suegro, que al igual que Piñera tenía una seria confusión entre los intereses nacionales y sus negocios privados.
Es necesario terminar con el ideario entreguista, capitalista – neoliberal, que aplica a estas enormes riquezas el concepto económico elemental de las “ventajas comparativas” cuya aplicación mecánica condena a los países a ser meros exportadores de materias primas y por otra subsumir indefinidamente cualquier esfuerzo significativo en la manufactura de mercancías asociadas. Esta política económica que tan buenos ingresos le da a las clases económicas dominantes y su manada de sirvientes, leguleyos, militares, y economistas formados y adiestrados por el imperio debe terminar.
Esto es lo que sucedido en lo sustancial con el cobre chileno: Chile pese a ser el mayor productor de cobre del mundo destina a la exportación casi el total de los 5,4 millones de toneladas d
e cobre fino que produce al año. Esta enorme cantidad equivale a US $ 39.000 millones, es decir, el 56 % de las exportaciones chilenas y el 20 % del PIB. Cifras sin duda impresionantes que, en realidad ocultan la devastación que se está haciendo del recurso, pues mientras los trabajadores chilenos extraen el cobre, con la cabeza gacha, este vuelve al país en forma de mercancías sofisticadas. Los gobiernos o han sido incapaces y/o no han tenido ningún interés en crear una industria manufacturera del cobre significativa. La industria privada que manufactura cobre en Chile procesa sólo 100 mil toneladas de cobre cada año. Es decir, la nada.
En el caso del litio la tonelada de carbonato de litio en 2011 en promedio llegó a 4.678 dólares y una batería de automóvil que ocupa entre 22 y 42 kilos vale alrededor de 20 mil dólares. Entonces queda claro que el tema no sólo es producir, sino crear una industria que sea capaz de incorporar valor agregado. ¿Está interesado en esto el interés privado? Obviamente que no. La explotación del litio es por tanto de interés nacional. El movimiento social y las fuerzas políticas chilenas deben tensar todas sus fuerzas en la defensa del litio, en el arduo camino de la recuperación del patrimonio social y la esperanza de días mejores para el pueblo de Chile.
Santiago, noviembre del 2012.
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